Dieron carpetazo a 12 denuncias contra García Luna.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Felipe Calderón sí tuvo conocimiento de las irregularidades y presuntos vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, pero archivó las denuncias al considerarlas “improcedentes” o que “carecían de elementos” para continuar con la investigación.

Las 12 denuncias y quejas recibidas por la SFP, la instancia que vigila que los servidores públicos actúen con legalidad, versan sobre acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen, abuso de autoridad, negligencia, ejercicio indebido de funciones, desacato, descuido y falta de atención en el cumplimiento de sus obligaciones. Desde que García Luna fue detenido en Estados Unidos el 10 de diciembre del año pasado, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, el expresidente Felipe Calderón ha negado que él tuviera conocimiento de los nexos de su exsecretario de Seguridad Pública con el crimen.

“Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”, escribió el pasado 3 de mayo en Twitter.

Vínculos con crimen organizado

Sin embargo, de acuerdo con documentos consultados para este reportaje, los órganos internos de control de la Secretaría de Seguridad, Policía Federal y de la Secretaría de la Función Pública sí recibieron denuncias que alertaban sobre estos nexos.

Una de las quejas fue presentada en 2010 por expolicías federales que se quejaron de los supuestos vínculos con el crimen organizado de García Luna y sus colaboradores más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, entonces comisario en jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Armando Espinosa de Benito, coordinador de inteligencia de la PFP.

Los exagentes que presentaron la queja de forma anónima anexaron como pruebas una serie de mensajes que los miembros de la Coordinación de Seguridad Regional recababan durante los servicios de inspección, supervisión, seguridad y vigilancia en diversos recorridos por el país.

La mayoría de los mensajes anexados en la queja fueron encontrados por los agentes en cartulinas y mantas colgadas en puentes en los estados de Guerrero, Coahuila y Michoacán, entre otros. En los escritos que eran retirados de la vía pública se acusaba a García Luna, Palomino yEspinosa de romper códigos y de proteger a un cártel.

“Presidente: le pedimos que habrá [sic] bien los ojos y que se dé bien cuenta de la clase de gente que tiene al frente de los cargos públicos como son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palominos, Armando Espinoza de Benito [sic], están a la orden de uno de los cárteles de la droga; asimismo, se encargan de hacer los trabajos de dicho cártel para perjudicar a los demás”, decía un escrito fechado el 14 de mayo de 2009.

La queja fue desestimada porque los policías se negaron a dar sus nombres y no pudieron comprobar lo señalado en los escritos de las mantas y cartulinas que tomaban en los estados.

Las denuncias presentadas en este reportaje se desprenden de información proporcionada por la SFP en respuesta a diversas solicitudes de información. Algunos de los expedientes de quejas fueron entregados por la SFP en el sexenio anterior, pero ahora se dan a conocer por primera vez.

Pedían investigar su patrimonio

En marzo de 2012, un ciudadano, cuyo nombre fue tachado en el expediente entregado a este diario, presentó una denuncia ante la SFP acusando a Genaro García Luna de un crecimiento patrimonial signicativo, no justicado e inexplicable.

En el escrito adjuntaba información del Registro Público del Comercio de la Ciudad de México, así como datos sobre las declaraciones patrimoniales de 2002 a 2011 del exsecretario, en los que se apreciaba la compra de viviendas y terrenos a la par de sus diversos cargos en el servicio público.

Entre 2006 y 2008 compró tres propiedades a crédito y un terreno de contado, en el cual edificó en pocos meses una construcción de aproximadamente 20 millones de pesos, y terminó de pagar otra propiedad de 2.3 millones de pesos, según lo relatado en el expediente.

“De acuerdo con la información que aparece en las declaraciones patrimoniales de 2001 a 2008 y que se presentan como anexo, el servidor público no tenía el salario ni los ahorros suficientes para comprar el terreno, menos para hacer la costosa construcción. Al contrario, en mayo de 2008 declaró estar totalmente endeudado a finales de 2007”, según el expediente.

En la misma denuncia, donde se pedía a la SFP investigar su crecimiento patrimonial, lo
acusaban de ejercicio indebido del servicio público por no haber presentado su certificación policial mediante los exámenes de control y conanza, que eran obligatorios para todos los policías en México.

Mientras que en México las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito fueron desestimadas, en Estados Unidos las autoridades indagaron sobre el patrimonio de García Luna y encontraron que tan sólo en aquel país tiene propiedades por 4 millones de dólares que adquirió mediante prestanombres y empresas fantasma.

El pasado 27 de febrero, durante una audiencia de fianza en Nueva York donde se analizó si García Luna debería enfrentar el proceso en libertad, la Fiscalía de Estados Unidos exhibió el poder adquisitivo del exsecretario de seguridad y algunos de sus bienes, entre ellos un yate e inmuebles.

Para este reportaje se buscó la postura del expresidente Felipe Calderón sobre las quejas en contra de García Luna que recibió la SFP durante su sexenio, pero declinó dar una entrevista.

Denunciaron corrupción y desvío.

Otra de las quejas es la que presentó el 20 de mayo de 2008 Javier Herrera Valles, quien se desempeñó como director de la PFP en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde señalaba “actos de corrupción” por parte del ex secretario de Seguridad.

Herrera Valles también denunció que García Luna cometía “injusticias”, “arbitrariedades”, “intimidaciones”, actuaba con “improvisación” y los operativos en contra de la delincuencia organizada no daban resultados por falta de organización y capacitación al personal a su cargo.



Fuente: EL UNIVERSAL

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