Odebrecht, el duartismo y el fraude a trabajadores de Coatzacoalcos.

Fernando Leonidas Pucheta Coto es un trabajador de Coatzacoalcos que habría sufrido las consecuencias de la corrupción entre la constructora brasileña Odebrecht y las autoridades laborales del Gobierno de Veracruz desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Ingeniero industrial de 51 años de edad, don Fernando es uno de los tantos defraudados por Odebrecht en el sur de la entidad, ya que la compañía lo despidió injustificadamente durante la construcción del complejo Etileno XXI en el año 2015 y con la evidente complicidad de las instituciones que velan por los derechos de los trabajadores en este puerto le ofrecieron, al igual que a muchos, una indemnización irrisoria que puso al descubierto las millonarias ligas que hubo entre la compañía sudamericana y el duartismo.

LA HISTORIA

Hace siete años –el 8 de abril del 2013- don Fernando Pucheta empezó a trabajar para Odebrecht como eléctrico de primera en la construcción del proyecto Etileno XXI. Debido al desempeño de sus funciones, fue ascendido al puesto de cabo electricista, donde coordinaba el grupo de mantenimiento eléctrico así como otro más pequeño de tuberos eléctricos que se traducían en un salario semanal de seis mil 94 pesos.

Don Fernando cumplía una jornada ordinaria de siete de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado y extraordinaria de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Descansaba los domingos y tenía una hora para consumir alimentos.

El 13 de abril del 2015, prácticamente dos años después de su ingreso, el supervisor Gabriel Rodríguez Castro le pidió que se retirara de las instalaciones porque había sido despedido. Así, fue conducido por el personal de seguridad hasta la salida del complejo y el 16 de abril del 2015 presentó la demanda 432/XVI/2015 en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción de México S. de R.L. C.V. para reclamar el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones de carácter laboral derivado del despido injustificado.

Las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje XVI fijaron el 8 de octubre del 105 como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, no compareció nadie por parte de Odebrecht bajo el argumento de que no se les notificó en el domicilio correcto y desde ahí inició la dilación del proceso, ya que el actuario también se prestó al juego y en varias ocasiones no cumplió con su deber de notificar a la compañía que hasta hace algún tiempo tenía sus oficinas en domicilio ampliamente conocido en Nanchital, junto a Etileno XXI.

A don Fernando no le quedó de otra que recurrir al juicio de amparo 1419/2017-III y el 21 de septiembre del 2017 su demanda fue admitida por el Juzgado Décimo de Distrito. No obstante, fue desechada el 24 de octubre debido a que la Junta de Conciliación informó que su caso había sido archivado. Es decir, la empresa Odebrecht ni siquiera fue notificada por algún actuario y con ese pretexto las autoridades decidieron enviar la demanda laboral 432/XVI/2015 a la basura.

El 26 de octubre fue interpuesto un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado y finalmente se ordenó reponer el proceso, esto es reactivar la demanda laboral en la Junta de Conciliación, pese a que las autoridades laborales ya la habían archivado.

A finales del año pasado volvió a llevarse a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pero nuevamente no se presentaron los representantes de Odebrecht y bajo ese argumento la junta le advirtió a don Fernando que si no proporcionaba el domicilio correcto para la notificación se desecharía su demanda.

En respuesta, el agraviado pidió a través de su abogado que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Coatzacoalcos así como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informen sobre la dirección de Odebrecht, ya que advirtió que la empresa abandonó los inmuebles que ocupaba como oficinas.

Incluso, pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero en estos últimos casos se le negó la petición por las autoridades laborales locales.

ODEBRECHT LO CORRIÓ, NO LE PAGARON Y LO BOLETINARON

A los empresarios de Odebrecht no les bastó con dejar sin trabajo e indemnización a don Fernando, la compañía fue más allá y prácticamente lo boletinó como un trabajador “no recomendable”, lo que le impidió encontrar una mejor oportunidad laboral.

“A partir de esa fecha para mí ha sido difícil trabajar porque ellos a todos les pusieron NR, no recomendable entre el seguro, es el filtro y no puedes entrar a empresas socialmente responsables más que a compañías contratistas, a una empresa seria no puedes entrar y los contratistas te pagan lo que quieren. Yo sí batallo desde esa fecha para acá”, expresó.

Lo único que le ofrecieron, recuerda, fueron mil 500 pesos en el salón Citadela, al que los obreros despedidos eran llevados por los representantes de Odebrecht e incluso, autoridades laborales, pues el local se encuentra en el mismo edificio donde está la dependencia. Ahí se acordaban pagos irrisorios en lugar de los cientos de miles que cada afectado debía recibir.

LAS LIGAS DE ODEBRECHT Y EL DUARTISMO

A juicio del abogado laborista Fausto Vicente Torres Pérez hay elementos para acreditar que Odebrecht fue una empresa protegida por las autoridades laborales del estado de Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, es decir, hubo corrupción que perjudicó a la clase trabajadora y que se habría traducido en un fraude millonario.

El titular de la defensa legal de don Fernando Leonidas explicó el presunto contubernio que hubo entre la compañía brasileña y el Gobierno de Veracruz desde el propio Javier Duarte hasta la Junta de Conciliación.

“A raíz de que don Fernando es despedido le pretenden ofrecer una cantidad ridícula de mil 500 pesos, no es el único caso, tengo asuntos de otras personas que laboraron en esa empresa cuando muchas de ellas les correspondían cantidades arriba de los 500 mil pesos, estamos hablando de un fraude millonario de las familias de estos pobres trabajadores con motivo de que la junta hacía arreglos en lo oscuro, le daban efectos legaloides, porque bajaba personal de la junta, entraban en el salón Citadela el que fue contratado, había personal de la junta e incluso, que estaban en la nómina de Odebrecht, ellos llegaban y liquidaban, pero como integrantes de la junta y además integrantes de la junta que cobraban en la Secretaría del Trabajo y en la nómina de Odebrecht”, manifestó.

Torres Pérez dijo que el personal de la junta de conciliación en Coatzacoalcos prácticamente presionaba a los trabajadores para que aceptaran los pagos mil 500 pesos, pues les advertían que de lo contrario sus asuntos no avanzarían.

Recodó que los abogados que llevaban los casos de los afectados tuvieron que tramitar amparos debido a la dilación de los procesos y aún así había resistencia de las autoridades laborales para darle trámite a las demandas.

Incluso, citó que hay documentos que prueban que Odebrecht contrató al despacho “Asociados y Abogados Internacionales”, del empresario Antonio Macías Yazegey -suegro de Javier Duarte- como apoderados legales y de esa forma acordaban con las autoridades laborales de Veracruz en perjuicio de los trabajadores.

“Javier Duarte era el gobernador del Estado de Veracruz, tenía el despacho Abogados y Asociados Internacionales de Tony Macías (suegro) y para poder cumplir con ese fin ellos ponen a la gente y a algunos los mantienen en los puestos de titulares para poder seguir con sus agravios a los trabajadores. Por ejemplo, tenemos el caso de María de Jesús Ríos Blanco, ella fue presidenta a inicios de Fidel Herrera Beltrán, llega el gobernador Javier Duarte y le da continuidad para que sea titular porque la necesitaba y así podían llevar a cabo las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Todo estaba prácticamente cerrado: tenían contratado al personal de la junta, a un despacho de abogados y prácticamente ellos cerraban el círculo. ¿Aquí la pregunta que nos hacemos es qué relación había entre Odebrecht y Javier Duarte y cómo pudieron afectar a miles de familias veracruzanas? Yo me atrevo a afirmar que hay un fraude millonario en perjuicio de familias veracruzanas, porque firmaron por las presiones del hambre o no les quedaba otro remedio”, añadió.

El litigante recordó que en el caso de don Fernando pidió la intervención de la UIF, pero su petición fue negada sin motivos por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, lo que refuerza la hipótesis del contubernio entre las autoridades veracruzanas y Odebrecht.

Fausto Vicente Torres apuntó que las autoridades que han estado al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no quieren dejar el cargo, pues lejos del salario de por medio habría un millonario fraude producto de la corrupción de los últimos años, de los cuales las víctimas fueron los trabajadores del sur de la entidad.

ASOCIADOS Y ABOGADOS, LA OTRA PIEZA.

Al bufete jurídico Asociados y Abogados Internacionales de Antonio Macías Yazegey se le recuerda por haber recibido 44 millones de pesos de parte del gobierno de Coatzacoalcos tras ganar una demanda a Petróleos Mexicanos (Pemex) por el pago de traslado de dominio que rebasó los 200 millones de pesos durante el trienio del ex alcalde Marcelo Montiel Montiel, según consta en reportes periodísticos disponibles en internet.

Para el caso, la empresa de Tony Macías no tuvo que participar en ninguna licitación y de alguna forma Pemex se dejó ganar el pleito para beneficio del suegro de Javier Duarte.

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