Fiscalía de Winckler pagó obras incompletas, regaló pensiones y despilfarró en vehículos.

En la nueva fiscalización de la Cuenta Pública 2018 que ordenó el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado que presidió Jorge Winckler Ortiz sólo pudo solventar 3 millones 536 mil 487.03 pesos de un presunto daño patrimonial inicial de 10 millones 729 mil 120.69 pesos.

En los resultados del Informe Individual de la FGE, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determina un probable daño patrimonial por 7 millones 192 mil 633.66 pesos.

Entre las observaciones financieras administrativas se verificó que hay pagos de pensiones alimenticias que no acreditan la obligación jurídica con el beneficiario; la renta de camionetas blindadas para uso del exfiscal a un costo superior al establecido y con contratos firmados después de haberse brindado el servicio y adquisición de bienes con precios unitarios superiores a los ofertados por distintos proveedores, principalmente.

En las observaciones de carácter técnico a la obra pública, cuyas visitas físicas se realizaron entre noviembre y diciembre del año pasado, el ORFIS detectó que la FGE reportó obras finiquitadas que presentan trabajos inconclusos e irregulares y pagos en exceso, por lo que las empresas constructoras deberán hacer los reintegros correspondientes, observaciones que no se reportaron en el Informe de Resultados que en el 25 de septiembre de 2019 entregó el ex auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

La nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 de la Fiscalía señala que hubo transferencias y/o retiros por concepto de pensiones alimenticias por un monto total de 1 millón 413 mil 345.93 pesos, de cuyo pago no presentaron evidencia documental que acredite la obligación jurídica con el beneficiario.

También se detectó que la empresa “Armo Ring, S.A. de C.V.” obtuvo una adjudicación directa para la renta por un mes de una camioneta blindada, por un monto de 626 mil 400 pesos, cuyo contrato se firmó el 31 de enero del 2019, sin embargo, el servicio se prestó del 23 de enero al 21 de febrero, lo que evidencia que el servicio se prestó sin haberse formalizado el contrato y sin contar con la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, hubo una adjudicación directa para el arrendamiento de dos camioneta blindada por un periodo de nueve meses para uso del ex Fiscal General por 1 millón 877 mil 315 pesos con un sobrecosto total por 36 días por un importe total de 501 mil 371.28 pesos.

También se identificó la adquisición de bienes de papelería y artículos de escritorio a la empresa “Wenden, S.A. de C.V.” por un monto de 5 millones 299 mil 999.55 pesos, cuyos precios unitarios fueron superiores a los 2 millones 212 mil 458.55 pesos que ofertaron otros proveedores.

Además, el ORFIS constató que se adjudicó una licitación simplificada a la empresa Comercializadora y Constructora Pe-Ce, S.A. de C.V.”, para la adquisición de equipo informático (computadoras all in one y computadoras de escritorio), por un importe de 1 millón 703 mil 570.81 pesos, sin embargo, mediante una investigación de mercado, se identificó que los precios unitarios de diversas partidas adjudicadas, rebasan los precios ofertados por distintos proveedores por un importe de 546 mil 512.19 pesos, representando un 32.08% adicional del precio de mercado.

Otra de las observaciones es la adquisición de vestuario y uniformes (pantalón y bota táctica) para la Dirección General de la Policía Ministerial, a través de una licitación simplificada, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por un importe de 1 millón 717 mil 665.73.

Pero de ese monto no se comprobó la entrega de un importe de 952 mil 689.33 pesos, y como evento posterior, la FGE proporcionó recibos internos que evidencian la entrega de los uniformes por un importe de 745 mil 913.85 pesos; sin embargo, no presentó evidencia documental de la entrega al personal operativo de los pantalones y bota táctica por un importe total de 206 mil775.48 pesos.

Aunado a ello, la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 incluyó visitas físicas, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, a diversas obras realizadas por la FGE, en donde se detectó que se reportaron como finiquitadas, pero con trabajos inconclusos y pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, por lo que las empresas ejecutoras deberán hacer los reintegros correspondientes.

Entre las obras reportadas como finiquitadas, pero con trabajos inconclusos y que presentan un daño patrimonial por 99 mil 164.93 pesos, destacan la construcción del edificio “B” de la Unidad Antisecuestro en el Estado de Veracruz, la construcción de un Centro Integral de Justicia para la Mujer en Xalapa, la construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte y Veracruz Centro.

El suministro y colocación de sistema de voz y datos, cableado estructurado y video vigilancia para los Centros Integrales de Justicia en Veracruz Norte y en Veracruz Centro, que presenta un probable daño patrimonial por 121 mil 102.68 pesos, ya que la obra se ejecutó de manera irregular, con pagos en exceso por volúmenes no ejecutados y conceptos ejecutados fuera de especificación.

La misma obra en los Centros Integrales de Justicia en Coatzacoalcos y en Orizaba presentan un probable daño patrimonial por 650 mil 318.70 pesos; y en el Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan hay un presunto daño por 75 mil 177.50 pesos.

La cuarta etapa de la construcción del edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz, en Xalapa, presenta un probable daño patrimonial por 961 mil 13.82 pesos; la remodelación de las oficinas de la Fiscalía Regional de Nogales por 176 mil 75.54 pesos; el proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica, 102 mil 257.98 pesos; y el proyecto ejecutivo y construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro, 127 mil 59.07 pesos.





Fuente: AL CALOR POLITICO

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